Articulación Multisectorial y el rol de las Organizaciones Locales
Esta segunda entrega de nuestra serie se enfoca en la importancia de la articulación multisectorial y la contribución fundamental de las organizaciones locales en la implementación efectiva de políticas públicas que fortalezcan la seguridad ciudadana en la República Dominicana.
Según afirma la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en su Análisis de las estadísticas sobre delitos registrados y reclusiones en República Dominicana, la delincuencia y la criminalidad constituyen un problema de desarrollo; por lo tanto, las políticas diseñadas para el desarrollo económico, social y humano son, en el sentido más preventivo, políticas propiciadoras de la seguridad ciudadana donde sólo el desarrollo garantiza la paz y la sana convivencia de los seres humanos.
En este sentido, se entiende que el Estado es responsable de propiciar un entorno en el que la seguridad ciudadana esté garantizada, por medio de la aplicación efectiva de las normas jurídicas que sancionen los delitos, cuya caracterización general en términos de recurrencia, según el mismo informe, está compuesta por la violencia intrafamiliar, robo calificado y amenaza, siendo las provincias Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal las de mayor registro hasta el 2021.
Según ha revelado el Ministerio de Interior y Policía, el Gobierno dominicano, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana, se ha enfocado en fortalecer la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, implementar una nueva cultura policial, reforzar el Departamento de Ordenamiento de Carreteras de la DIGESET e integrar las Unidades de Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas a las labores de seguridad ciudadana. Asimismo, según la ONE, el Plan contempla siete medidas específicas: prevención del delito, acciones de disuasión, control de factores desencadenantes del delito, reforma integral de la Policía Nacional, fortalecimiento de la institucionalidad en seguridad pública, mejora de la calidad de los programas de reintegración a la sociedad y fortalecimiento de la fiscalización de la policía privada.
A simple vista, estos anuncios y la afirmación de reducción de la criminalidad que resalta el análisis publicado por la ONE son buenas noticias para la sociedad. Sin embargo, cualquier reducción en la criminalidad y en los índices de violencia que experimentan nuestras comunidades podría resultar de corto plazo, a menos que estos avances se realicen con la integración de las organizaciones locales en el proceso de diseño e implementación de las acciones. De hecho, datos recientes del Ministerio de Interior y Policía indican que las áreas con una mayor colaboración multisectorial han experimentado reducciones significativas en las tasas de criminalidad, destacando así la eficacia de este enfoque en la lucha contra la inseguridad. Estos datos confirman cuán relevante es el rol de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de bases comunitaria, para la prevención y reducción del crimen y la violencia.
Lograr un impacto de largo plazo, sostenible en el tiempo, implica la colaboración activa entre entidades gubernamentales clave como el Ministerio de Interior y Policía, el Congreso Nacional y el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, entre otros, en articulación con organizaciones de la sociedad civil que operan en el nivel local. A estos esfuerzos colaborativos entre autoridades y sociedad civil, se suma el sector privado como contrapeso que contribuye con sus acciones de responsabilidad social al fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención del crimen y la violencia. En este contexto, reconocemos que se han logrado avances significativos en la implementación de programas preventivos y en la respuesta a desafíos específicos. Por ejemplo, la coordinación entre el Ministerio de la Mujer y la policía nacional ha llevado a una mayor efectividad en la atención a casos de violencia de género, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
Quiero ser reiterativo en expresar que sigue siendo urgente y necesario el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en los esfuerzos del país para alcanzar el estado deseado en cuanto a seguridad ciudadana y gobernanza. Reconocer el rol de las organizaciones locales como agentes de cambio cruciales, especialmente al trabajar directamente con poblaciones vulnerabilizadas dará como resultado un entorno favorable para el ejercicio pleno de las libertades públicas. Es bueno recordar que, según estudios del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la República Dominicana el 60% de las intervenciones exitosas contra la delincuencia se han llevado a cabo a nivel comunitario. Las organizaciones locales, al estar arraigadas en sus comunidades, son capaces de identificar y abordar de manera precisa las necesidades específicas de cada área, promoviendo normas de convivencia y contribuyendo significativamente a la prevención del crimen. Otras fuentes indican que las comunidades donde estas iniciativas se han implementado han experimentado una disminución del 20% en los casos de violencia intrafamiliar.
Las organizaciones locales también constituyen un activo de gran relevancia para el país en cuanto a sus aportes al fortalecimiento del marco normativo y políticas públicas de seguridad ciudadana. En nuestra entrega anterior comentamos la propuesta de ley de Crianza Positiva, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, en donde se destaca la importancia de involucrar a las organizaciones locales en la promoción de entornos familiares saludables. La coalición de ONGs por la Infancia, compuesta por cerca de 40 organizaciones de la sociedad civil que operan tanto a nivel local como nacional, y respaldada por la Primera Dama de la República, ejemplifica cómo la sociedad civil puede desempeñar un papel activo en la formulación e implementación de políticas que contribuyan a la prevención del crimen y la violencia.
La contribución de las organizaciones locales para lograr la eficacia de las medidas orientadas a la prevención y reducción de la violencia también está estrechamente ligada al fortalecimiento del marco normativo. En este sentido, la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil ha sido clave en el proceso de actualización de la ley 137-03 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, una pieza legislativa crucial para abordar fenómenos delictivos complejos que afectan la seguridad ciudadana. Estadísticas muestran que la trata de personas sigue siendo un desafío, con un aumento del 15% en los casos reportados en comparación con el año anterior, enfatizando la necesidad urgente de acción legislativa.
Definitivamente, el rol de las organizaciones locales, especialmente en el marco de redes o coaliciones, es fundamental para alcanzar el estado deseado en términos de prevención y reducción de la violencia. Las acciones que realizan en articulación con las autoridades y el sector privado son vitales para la creación de un entorno propicio para el ejercicio de una democracia madura, evidenciada en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y una gobernabilidad sustentada en la garantía irrestricta de los derechos humanos.
Buenos días querido amigo Johnny, no me sorprende el aporte que está haciendo desde esa importante y crucial posición que el Señor te ha otorgado conforme al talento y al conocimiento que también Él te ha dado. Me gustaría tener tus artículos completos, y darle seguimiento a tu fructífero y bendecido desempeño desde esta posición. Considero que eso que hace es excelente y me gustaría tener un conocimiento de primera mano del valioso esfuerzo que está haciendo para bien de nuestro país y de la vida en general.
Mi correo electrónico es: rutacristiana@gmail.com
Apreciado amigo Johnny,
Mi felicitación y reconocimiento por el trabajo que vienes realizando. Espero Dios siga iluminando tus pasos y otorgándote sabiduría para la toma de sabias decisiones.
Sin dudas, la seguridad ciudadana debe articularse y promoverse de manera multisectorial, sin obviar el papel protagónico que deben desempeñar las organizaciones locales, como es el caso de las iglesias.
Muchas gracias por tu retroalimentación querido hermano. La valoro mucho.
Evidentemente que nuestro país requiere de políticas que permanentemente se dicen están dirigidas a que las instituciones se involucren y que se entrelacen incluso las colaboraciones deberían ser parte normativa, entendiendo que la corresponsabilidad de cada una frente a la entrega ordenada y responsable de sus servicios y gestiones en su esencia debe producirse de manera orgánica, pero la realidad es que actúan muchas veces unas de espalda a las otras… Nuestro país necesita de esto qué haces mi hermano y amigo, que la voz sea alzada y que el conocimiento de los acuerdos y políticas sean colocadas en letras grandes y con luces de neón por toda la ciudad para que todos podamos adquirir educación ciudadana y caminemos de una vez y por toda, al cambio de mentalidad y de accionar que no nos deja desarrollarnos de manera efectiva como ciudadanos con garantía de derechos y deberes. Eres genial Johnny Bidó!!!
Ciertamente, mi querida hermana. Así es.
Muchas gracias por tus palabres. Ellas me inspiran.