Recientemente se organizaron múltiples eventos y actividades para conmemorar el 30 Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y de la que República Dominicana es signataria desde el año 1991.
Durante la gestión del presidente Antonio Guzmán Fernández, por iniciativa de la Primera Dama doña Renée Klang de Guzmán, nace el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), creado mediante Decreto Presidencial No. 426 de fecha 23 de noviembre de 1978. Este organismo fue puesto en operación con el objetivo de asumir la rectoría de las políticas públicas en materia de niñez.
Una vez ratificada la Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país dio los primeros pasos para adecuar el sistema de justicia y de protección de la niñez, y en 1994 se promulga y entra en vigor la Ley 14-94 que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entre los instrumentos de garantía de derechos para la población meta, esta ley incluyó la creación de un organismo que se encargaría de regir las políticas públicas de protección y asistencia a la niñez y la adolescencia, y es así como nace el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, manteniendo las siglas de CONANI.
Si bien este instrumento ofreció un marco normativo que mostraba el interés del Estado en proveer protección efectiva a la población infanto-juvenil, adolecía de una serie de fallos que, en la práctica, dificultaban la operativización de las acciones destinadas a garantizar los derechos de este núcleo social. Es así como, fruto de dos años de debates, análisis y aportes intersectoriales, se logra aprobar y promulgar la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), con cuya puesta en vigor quedaron derogadas las leyes 14-94 y la 985 sobre filiación de hijos naturales, en vigencia desde 1945. Estos esfuerzos contaron con grandes aportes desde las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y organizaciones gubernamentales, entre los que cabe mencionar Acción Callejera, UNICEF, Muchachas y Muchachos con Don Bosco, Caminante, Visión Mundial, así como CONANI y las Secretarías de la Mujer, de Trabajo, de Cultura, entre otros actores clave.
La Ley 136-03 establece el marco regulatorio para asegurar que la niñez y adolescencia dominicanas disfruten plenamente de sus derechos fundamentales, en virtud del Artículo 56 de la Constitución, que establece la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en su conjunto, para dar prioridad al interés superior del niño, niña y adolescente, teniendo la obligación de protegerles y asistirles, a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral.
La Convención para los Derechos del Niño (CDN) es el primer tratado vinculante a nivel internacional que reúne en un único texto sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Esto quiere decir que los Estados signatarios se comprometen a cumplirla, lo que conlleva un ejercicio de adecuación de sus marcos normativos a los principios de la CDN y destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para que cada niño goce plenamente de sus derechos.
En este sentido, República Dominicana, en el contexto de la promulgación y entrada en vigor de la Ley 136-03, dio pasos firmes hacia la creación y adecuación de un marco regulatorio con carácter integral y garante de los derechos de la niñez y adolescencia. Así, CONANI, ahora responsable no solo de la niñez, sino que incorpora la rectoría de las políticas públicas dirigidas a la población adolescente, adquiere gran protagonismo mediante la implementación de varias iniciativas como los Centros Infantiles de Atención Integral y el Programa Ayúdame a ser Niño, contribuyendo positivamente a los esfuerzos del país para garantizar y restituir sus derechos, y poniendo en marcha un sistema de protección cuya meta fue ser modelo de la región.
Asimismo, los aportes al Sistema de Protección por parte de organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como Visión Mundial, Compassion International, Plan International, Save the Children, Caminante, Muchachas y Muchachos con Don Bosco, entre otras, han aligerado la carga de un Estado que, a pesar de los avances registrados a partir de la ratificación de la CDN, todavía tiene materias pendientes con la niñez y adolescencia.
La atención integral a NNA víctimas de violencia sexual, trata de personas y otras formas de esclavitud moderna, son especialmente desafiantes para el Estado dominicano, ya que no cuenta con recursos, infraestructura y personal especializado suficientes para atender la necesidad presentada por estos flagelos que atacan directamente a esta población, con el agravante de que no existen muchas organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a ofrecer apoyo integral especializado, incluyendo asistencia legal y atención de largo plazo a víctimas y sobrevivientes de estos delitos.
En este sentido, debemos reconocer el rol que durante los últimos cinco años ha venido teniendo la organización de derechos humanos Misión Internacional de Justicia, cuyo personal no solo ofrece asistencia integral a víctimas y sobrevivientes, sino que también entrena a los actores del sistema de justicia y de protección para un abordaje adecuado de casos de NNA víctimas de los delitos antes mencionados.
Todo esto habla muy bien de los esfuerzos intersectoriales para la garantía y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes desde todas las vertientes. Sin embargo, cuando analizamos los cuatro principios sobre los que se fundamenta la CDN (la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación infantil), es evidente que aún tenemos grandes desafíos para el diseño e implementación efectiva y sostenible en el tiempo de políticas públicas que sean garantes y restitutivas de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes:
- Un sistema de educación pública que cuenta con infraestructura física y tecnológica adecuadas, personal docente calificado, motivado y asignado a nivel nacional, donde se atiende a la población estudiantil sin discriminación por raza, color, religión, condición física o estrato social;
- Un sistema de protección con los recursos económicos y humanos suficientes y especializados para atender las necesidades de la población infanto-juvenil a la altura de la necesidad, de largo plazo, con infraestructura adecuada y accesible desde cualquier región del país;
- Un sistema público de justicia capacitado y sensibilizado para el abordaje adecuado de casos que afectan a la niñez y adolescencia, con espacios seguros que les permita ofrecer sus testimonios en condiciones no re-victimizantes (Cámara Gessell o Circuito Cerrado);
- Organismos investigativos del Estado con altos niveles de colaboración inter-agencial para la investigación proactiva de estos delitos, con personal entrenado, motivado y asignado a nivel nacional.
Este 30 Aniversario de la Convención para los Derechos del Niño es un buen momento para celebrar los avances alcanzados, pero también una oportunidad para reflexionar acerca de los desafíos que todavía tenemos como nación, por una niñez y adolescencia libre de toda violencia, cuyos derechos fundamentales estén garantizados y restituidos plenamente.